“EL RESPETO Y LA DEFENSA DE LOS DDHH”, SEGÚN KIRCHNER: 692 muertos por el gatillo fácil y la tortura en 4 años de gobierno

Correpi

En la edición del viernes 25 de mayo del diario Clarín los lectores encontraron un “suplemento especial” titulado Cuatro Años de la Gestión del Presidente Kirchner. Claro que en letra chica se aclaraba que el aparente “suplemento especial”, lejos de ser una producción periodística del diario, era un “espacio de publicidad”, es decir, una gran solicitada de cuatro páginas a todo color que seguramente no se pagó solamente con el aporte de los también aparentes “anunciantes”, grandes sindicatos burocráticos nucleados en la CGT y el intendente Julio Alak de La Plata. De las cuatro carillas, la contratapa está dedicada a la política de DDHH del gobierno nacional. Bajo el título “POLÍTICA ACTIVA IMPLEMENTADA PARA EL RESPETO Y LA DEFENSA DE LOS DDHH”, luce una foto del presidente dando un discurso, atentamente seguido, en primera fila, por una mujer con un pañuelo blanco en la cabeza. El texto es una larga enumeración de actos de gobierno vinculados al tema, casi todas dirigidas a la “memoria y justicia” respecto de hechos ocurridos con anterioridad a 1983.

De las pocas enunciaciones que, al menos en apariencia, tienen relación con las violaciones a los DDHH posteriores al fin de la democracia, la mayoría son iniciativas como la creación de Observatorios de Derechos Humanos y de delegaciones provinciales de la Secretaría de DDHH. La experiencia concreta enseña que estas medidas han sido, en efecto, muy eficaces, pero no para reducir el alcance y la intensidad de la represión estatal, sino para normalizarla y naturalizarla, como si el gatillo fácil, las torturas o las detenciones arbitrarias fueran producto de otra cosa que una política de estado prolijamente gerenciada por el gobierno, y como si desde el seno del estado se pudiera desarrollar una militancia por la defensa de los DDHH. La cooptación de organismos y referentes del ámbito de los DDHH, entre ellos especialmente víctimas o familiares de víctimas actuales o pasadas de esa política represiva, es central -como lo muestra la foto que ilustra la “nota”- para vestir de legitimación lo que es, lisa y llanamente, la estrategia del gobierno para defenderse de quienes exponemos a diario su voltaje represivo.

Por eso sostenemos que no hay un “doble discurso” en materia de DDHH: hay uno solo, integrado por la dirección política del aparato represivo, que nadie sino el gobierno ejerce, y una serie de iniciativas dirigidas a darle consenso para reprimir más y mejor. En este aspecto son centrales para el gobierno la promoción de acciones contra los represores del pasado, que para nada sino como lastre le sirven hoy; y la presentación de los hechos de represión actuales como “abusos”, “excesos”, “desbordes individuales” o “resabios de la dictadura”, posición avalada por todos los que integran (aun admitiendo en algunos cierta posible “buena fe”) los Programas y Comisiones Antiimpunidad, las delegaciones de la Secretaría de DDHH o sus pares provinciales y municipales y los “Observatorios”, sin olvidar a quienes, sin estar orgánicamente integrados al estado, reciben sus subsidios, firman convenios, destacan funcionarios para esas áreas, o simplemente acceden a integrar comisiones conjuntas con el gobierno en su condición de “actores de la sociedad civil” dispuestos a “participar en la gestión de las políticas públicas de seguridad”.

También se enuncia en el artículo de propaganda el “trabajo activo para la implementación de la Convención Contra la Tortura (…)”. Quizás fue un error de imprenta, pues debería decir “trabajo activo para la implementación de la tortura como método sistemático en cárceles y comisarías”. Nunca desde 1983 ha sido tan evidente el uso de la tortura como herramienta represiva cotidiana, con el acompañamiento y defensa del conjunto del aparato estatal. No sólo dirige el ejecutivo a las fuerzas cuyos funcionarios torturan a diario. Jueces y fiscales vienen profundizando la doctrina del acto individual, condenando (cuando no tienen más remedio) por homicidio lo que es tortura seguida de muerte (como en el reciente caso Gallardo); ignorando como si no existieran las responsabilidades funcionales y usando a destajo las figuras penales leves que los legisladores han tenido a bien proveerles para que la tortura, aberrante delito contra la humanidad, crimen de estado por excelencia, baje su intensidad para ser simples y excarcelables apremios, vejaciones, severidades o maltratos. Nada que no se pueda resolver con un cursito de DDHH dictado por los cooptados a que nos referimos más arriba, o con el reclamo inconsistente del “desmantelamiento del aparato represivo del estado” que sólo puede entenderse en estas circunstancias como purga de los “resabios de la dictadura” y los “corruptos”, o con la creación de una “nueva policía, transparente y honesta, controlada por comisiones de vecinos, educada por los organismos de DDHH y subordinada a la Constitución y las leyes”. Tenemos, qué duda cabe, una policía, un conjunto de fuerzas de seguridad, plenamente subordinadas a la legalidad del sistema, aplicando a diario la política represiva del estado cuyo brazo armado integran. Cursos de DDHH dictados por premios Nobel de la paz o por familiares de víctimas actuales o pretéritas es lo que sobra en los institutos de formación. Sin embargo, no es poco frecuente que el primer hecho de tortura o gatillo fácil que protagonice un egresado ocurra en su primer año de servicio. El aparato represivo ES el estado, gobierne quien gobierne. Sólo que algunos logran gobernar de modo que eso se note menos, rodeándose de símbolos históricos y adoptando un lenguaje políticamente correcto, mientras sus subordinados nos fusilan o matan en la tortura un pibe día por medio.

En los cuatro años de gobierno kirchnerista, son por lo menos 692 las personas que han muerto por el gatillo fácil y en cárceles y comisarías, muchas de éstas por la tortura. Desde el cierre de nuestro Archivo de Casos 2006, hemos registrado 58 casos posteriores al 15 de diciembre. Casi setecientas víctimas del aparato represivo del estado en cuatro años, con un promedio de 173 por año; 15 por mes, uno día por medio, lo que representa una intensidad represiva mayor que la de Alfonsín, Menem, De la Rúa o Duhalde. Y más grave aún, con un grado de consenso que ninguno de ellos alcanzó, gracias a su famoso “discurso de defensa de los DDHH”, que logra eficazmente que parezca para tantos que sólo Carlos Fuentealba fue asesinado por un policía en lo que va del año.

Quizás donde más se evidencia la hipocresía que muchos confunden con decisión política de no reprimir sea en el último punto enumerado en el artículo, que anuncia la “colaboración con las provincias y otros actores en la promoción y defensa de los DDHH en el marco de casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de DDHH”. El estado argentino tiene una sola condena de la Corte IDH por una violación a los DDHH posterior a 1983, y no la ha cumplido, ni la cumplirá nunca mientras se gobierne reprimiendo a las mayorías oprimidas. Desde el 18 de septiembre de 2003 el gobierno sostiene el incumplimiento de la condena en el Caso Bulacio, porque sencillamente no puede hacerlo sin abandonar sus más preciadas herramientas represivas. Porque cumplir la sentencia del Caso Bulacio requiere derogar todas las facultades de las FFSS para detener personas arbitrariamente, como la averiguación de antecedentes o las faltas y contravenciones, y eso no está dispuesto a hacerlo ni este ni ningún gobierno que defienda los intereses de los que necesitan ejercer el control social sobre los trabajadores y el pueblo. Por el contrario, desde 2003 a la fecha se han ampliado en muchos distritos las facultades policiales para detener personas, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, donde ahora los candidatos oficialistas van por más, como se desprende de los variados proyectos de “policía de la ciudad”, sea nueva o “traspasada”.

No puede sorprender que el gobierno mienta en un material publicitario, encima en pleno año electoral. No puede sorprender que quienes creen que se puede reformar, purgar, transparentar o democratizar las fuerzas de seguridad del estado burgués, aplaudan medidas propagandísticas, legitimadoras de las instituciones del estado, o estigmaticen como “izquierda siniestra” (lo dijo un ministro) a los que exponemos lo que ocurre en la calle, en los barrios, en las comisarías y en las cárceles, y señalamos sin condicionamientos quién dirige esa represión, y para qué.

Los que se sorprenden cuando la gendarmería dispara contra manifestantes, cuando se amenaza o secuestra a un militante, cuando se libera a un torturador o un asesino de uniforme, cuando la policía mata y tortura, y sólo encuentran respuestas en que “el pasado” no ha sido suficientemente exorcizado, son los que conservan la esperanza de que asome un “rostro humano” en el sistema de opresión, convirtiéndose así en útiles herramientas para consolidarlo.

Buenos Aires, mayo de 2007.
CORREPI

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